Céntrico elaboró este informe técnico-legal para POLEA Política y Legislación Ambiental, en el marco del proyecto Strengthening the Legislative-Executive- Stakeholder dialogue on Mexico’s climate change and energy goals con el apoyo de la Embajada de Reino Unido en México y tiene como objeto proponer reformas normativas y acciones programáticas para promover la movilidad urbana sustentable en México, como estrategia principal para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
El estudio está dividido en 3 secciones. La primera resume la problemática del efecto de la movilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero del país, haciendo énfasis en el papel del uso del automóvil en ello. La segunda parte hace una radiografía de la regulación y gestión de la movilidad urbana en el país. Finalmente, la tercera parte expone las propuestas de reformas normativas en materia de movilidad sustentable para el Congreso de la Unión, así como propuestas programáticas dirigidas al Gobierno de México. En el marco de este último, este documento considera prioritario un enfoque en la estrategia fiscal y presupuestal.
El documento puede consultarse en el siguiente enlace externo http://comisiones.senado.gob.mx/desarrollo_urbano/docs/climatico/p2_5_131119.pdf o este enlace interno
Resumen ejecutivo
México se encuentra en un momento clave para la movilidad urbana: se enfrenta a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país, cuyo primer generador es el uso del vehículo automotor el cual corresponde al 22.9% de emisiones del país. Además, los altos costos asociados al uso del automóvil como son las emisiones, congestión, accidentes y sedentarismo hacen que el costo acumulado llegue hasta el 5% del PIB en las ciudades. Reducir estos costos es prioritario y de interés público no solo porque estamos en las puertas de una emergencia climática global, sino que además se trata de un costo regresivo que incide más en los sectores de menor ingreso.
Los cambios regulatorios, en especial los generados a nivel local, han ido construyendo a la movilidad como un derecho reconocible y exigible en los marcos legales. Este reconocimiento progresivo se centra en la disposición por parte de todas las personas de un sistema de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. Aunque varían las definiciones, este derecho es retomado en todas las nuevas Leyes de Movilidad a nivel estatal. Además, se conceptualiza al sistema de movilidad como el conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad. Como componentes de estos sistemas se definen 4 subsistemas: 1) Infraestructura vial, 2) Servicios de Movilidad, 3) Operación y Tránsito, y 4) Desarrollo Urbano Sustentable.
El balance entre la movilidad como costo social/ambiental y como un derecho requiere un marco regulatorio novedoso, para lo cual se proponen reformas normativas y programáticas a través de la promoción de la movilidad urbana sustentable. La propuesta considera responsabilidades compartidas entre el Congreso de la Unión y el Gobierno de México:
- Reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución, de forma complementaria al derecho al medio ambiente ya reconocido en el artículo 4°. En la actualidad existen tres iniciativas diferentes presentadas para ello.
- Creación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para tutelar el derecho a la movilidad que se propone reconocer en la Constitución y: establecer metas nacionales de reducción del uso del automóvil y aumento de la infraestructura y oferta de servicios para el transporte público, la movilidad a pie y en bicicleta, y los servicios de micromovilidad; establecer una estrategia nacional de movilidad urbana sustentable que vincule metas y recursos; crear un fondo y un programa nacional de movilidad urbana sustentable; crear un fondo de subsidio a los usuarios del transporte público, de manera que el aumento del precio de la gasolina no afecte el gasto de los sectores de menor ingreso del país; establecer lineamientos nacionales para la infraestructura y servicios de movilidad; y crear lineamientos, estándares e instrumentos para reducir las lesiones y fallecimientos por choques y
atropellamientos en el país. - Reforma a la Ley General de Cambio Climático: ajustar las metas nacionales de reducción de emisiones a la emergencia climática actual, ampliar los instrumentos presupuestales, financieros, normativos y fiscales, definir de manera precisa los sistemas de movilidad urbana y sus subsistemas en términos de la regulación estatal, establecer controles del cumplimiento de los objetivos y disposiciones de la LGCC y garantizar que la evaluación de la reducción de las emisiones nacionales sea elaborada por un panel independiente.
- Reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: ajustar el valor del carbono a los costos ambientales relacionados con el calentamiento global para el planeta por la extracción y quema de los combustibles a US$30 por tonelada, es decir $1.27 pesos por litro de gasolinas y $1.55 por litro de diesel, a fin de elevar la recaudación a alrededor de 50 mil millones de pesos anuales para el combate al cambio climático, y ajustar el valor del impuesto a la gasolina a los costos ambientales y sociales de la combustión de gasolinas para la vida, la salud, la integridad física y la calidad de vida las personas por accidentes de tránsito, congestión, contaminación, ruido, estrés y sedentarismo.
- Reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para incluir la obligación de Entidades y Federación de evaluar el impacto en emisiones de carbono dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de obras de infraestructura financiadas con fondos federales.
- Reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir la evaluación del impacto en emisiones de carbono en el procedimiento de evaluación y programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, de manera que se considere en la evaluación de la tasa de retorno social de la inversión.
- Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Subsecretaría de Movilidad Urbana en la Administración Pública del Gobierno Federal en la SEDATU, para encabezar el papel del gobierno federal de asistir técnica y financieramente a los gobiernos locales.
- Reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para desarrollar un esquema de coordinación metropolitana entre gobiernos estatales, municipales y agencias federales que genere sinergias suficientes para resolver mejor los problemas que existen.
- Adopción de un grupo de 5 indicadores y metas que guíen la política pública para cumplir con los objetivos de planeación y generar un impacto positivo para la sociedad, usando metodologías de planeación por resultados, con énfasis en cómo generar un impacto positivo en los ODS. Además, se propone definir categorías de insumos-actividades-productosresultados-impactos que se conviertan en el eje del esquema de planeación en movilidad.
- Creación de un Programa de Movilidad Urbana Sustentable que financie y apoye proyectos en las ciudades que puedan reducir las barreras para la inversión en movilidad urbana sustentable, demostrando que hay una creciente demanda de proyectos y aumentar la inercia presupuestal en su financiamiento.
- Modificación de lineamientos y reglas de operación de 11 fondos, fideicomisos y programas federales para apoyar proyectos, acciones y estrategias de movilidad en las ciudades, estableciendo estándares mínimos y al mismo tiempo flexibilidad para la innovación por parte de los gobiernos locales.
